viernes, 29 de febrero de 2008

Cusco no quiere privatizar su patrimonio cultural

La intención de incentivar la privatización de servicios dentro de los espacios protegidos del Patrimonio Cultural del Perú ha creado reacciones violentas en el Cusco. Estamos en favor del desarrollo turístico en la región, pero desarrollar infraestructura atentatoria a los atractivos es algo que ningún amante del Peru lo permitirá. A continuación un artículo publicado en el Diario La Prensa de Nueva York, escrito por Vicky Pelaez.

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Cusco no quiere privatizar su patrimonio cultural


“Uno no vende la tierra por la que camina su pueblo”. —Tashunka Witko ‘Crazy Horse’

Los globalizadores no pierden ni un instante para aprovechar todo lo que en su mente neoliberal esté relacionado con el dinero. Apenas pasaron unas semanas desde la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y el Perú, para que los ‘felipillos’ peruanos (nombrarles testaferros sería elevarlos de categoría) aprobaran la Ley 29164 de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Desde entonces la población del Cusco, que es el centro principal de la atracción turística en el Perú, se halla en constante movilización contra esta nefasta ley que significa la venta de su legado histórico.

Tan grande fue la indignación de los cusqueños y tan grande la movilización que el Congreso tuvo que modificar esa ley y otorgó facultad a los gobiernos regionales para aprobar zonas de patrimonio donde puede ingresar la inversión privada. En el caso del Cusco otorga la posibilidad de que se aplique o no la ley, de manera soberana. Pese a eso, el gobierno amenaza a los cusqueños con la represión, tildándolos de “comunistas”, “ultras” y “extremistas humalistas” (partidarios de Ollanta Humala). Los medios de comunicación al servicio del gobierno y las transnacionales están en campaña de desinformación para confundir a los cusqueños, romper su unanimidad de oponerse a la privatización y así hacer frustrar las protestas escalonadas anunciadas por la Asamblea Regional del Cusco para esta semana. También, están intentando demostrar que los intereses cusqueños están en contradicción con los intereses de otras regiones que buscan la inversión privada extranjera creyendo que les traerá prosperidad y desarrollo.

La realidad es mucho más compleja de lo que suponen los partidarios de esta ley, algunos de los cuales pecan de cínicos, y otros de ingenuos. Oficialmente, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política del Perú de 1993, “los restos arqueológicos son Patrimonio Cultural de la Nación y están protegidos por el Estado”. En la práctica, el Estado hace poco para cumplir con su obligación. Además se trata de un país centralizado donde todas las directivas emanan de Lima, que tiene al Cusco como fuente de ingreso para las necesidades burocráticas del gobierno central, y que posteriormente remite algunas propinas al gobierno regional.

En el marco histórico y actual, muy pocas veces la Lima burocrática ha tomado en cuenta las necesidades de las provincias ni tampoco presta atención a las decisiones de los gobiernos regionales. Este es el principal temor de los cusqueños en lo referente a la Ley 29164. Y tienen toda la razón para preocuparse teniendo en cuenta la experiencia del NAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., México y Canadá) en México. Su Patrimonio Cultural, igual como en el caso peruano, no fue incluido en la legislación sobre la propiedad intelectual, estatal, cultural, patentes, marcas etc. Se quedó a merced de la ley de la oferta y demanda controlada por las corporaciones transnacionales del turismo, las organizadoras de la cínica selección de ‘las Maravillas del Mundo’ con el único pretexto de sacar mayor provecho financiero al Patrimonio Cultural sea en México o Perú.

En México, las zonas circundantes a las ruinas están llenas de hoteles, supermercados y de todo tipo de negocios extranjeros. Y en Lima la Defensoría del Pueblo tuvo que exigir al gobierno la protección de la Huaca Huantinamarca donde dos empresas estaban construyendo un edificio, sin que nadie diga algo.

¿En estas circunstancias podrían los cusqueños tener esperanzas que su decisión se tome en cuenta? Por supuesto que no. La naturaleza de los TLC no está basada en la preservación de los patrimonios culturales sino en la ganancia de las transnacionales que utilizarán dinero, presión y represión del Estado contra todos que predican lo nacional. El primer ministro Jorge del Castillo ya los tildó de “extremistas y falsos profetas”.

La suerte está echada y la sombra del TLC está extendiéndose sobre el Perú sin que la UNESCO diga nada en este caso. Por eso, si los cusqueños se descuidan pronto veremos un hotel Marriott con McDonald’s incluido, en pleno Machu Picchu.

Vicky.pelaez@eldiariony.com