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Cusco no quiere privatizar su patrimonio cultural
“Uno no vende la tierra por la que camina su pueblo”. —Tashunka Witko ‘Crazy Horse’
Los globalizadores no pierden ni un instante para aprovechar todo lo que en su mente neoliberal esté relacionado con el dinero. Apenas pasaron unas semanas desde la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y el Perú, para que los ‘felipillos’ peruanos (nombrarles testaferros sería elevarlos de categoría) aprobaran la Ley 29164 de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Desde entonces la población del Cusco, que es el centro principal de la atracción turística en el Perú, se halla en constante movilización contra esta nefasta ley que significa la venta de su legado histórico.
Tan grande fue la indignación de los cusqueños y tan grande la movilización que el Congreso tuvo que modificar esa ley y otorgó facultad a los gobiernos regionales para aprobar zonas de patrimonio donde puede ingresar la inversión privada. En el caso del Cusco otorga la posibilidad de que se aplique o no la ley, de manera soberana. Pese a eso, el gobierno amenaza a los cusqueños con la represión, tildándolos de “comunistas”, “ultras” y “extremistas humalistas” (partidarios de Ollanta Humala). Los medios de comunicación al servicio del gobierno y las transnacionales están en campaña de desinformación para confundir a los cusqueños, romper su unanimidad de oponerse a la privatización y así hacer frustrar las protestas escalonadas anunciadas por la Asamblea Regional del Cusco para esta semana. También, están intentando demostrar que los intereses cusqueños están en contradicción con los intereses de otras regiones que buscan la inversión privada extranjera creyendo que les traerá prosperidad y desarrollo.
La realidad es mucho más compleja de lo que suponen los partidarios de esta ley, algunos de los cuales pecan de cínicos, y otros de ingenuos. Oficialmente, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política del Perú de 1993, “los restos arqueológicos son Patrimonio Cultural de la Nación y están protegidos por el Estado”. En la práctica, el Estado hace poco para cumplir con su obligación. Además se trata de un país centralizado donde todas las directivas emanan de Lima, que tiene al Cusco como fuente de ingreso para las necesidades burocráticas del gobierno central, y que posteriormente remite algunas propinas al gobierno regional.
En el marco histórico y actual, muy pocas veces la Lima burocrática ha tomado en cuenta las necesidades de las provincias ni tampoco presta atención a las decisiones de los gobiernos regionales. Este es el principal temor de los cusqueños en lo referente a la Ley 29164. Y tienen toda la razón para preocuparse teniendo en cuenta la experiencia del NAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., México y Canadá) en México. Su Patrimonio Cultural, igual como en el caso peruano, no fue incluido en la legislación sobre la propiedad intelectual, estatal, cultural, patentes, marcas etc. Se quedó a merced de la ley de la oferta y demanda controlada por las corporaciones transnacionales del turismo, las organizadoras de la cínica selección de ‘las Maravillas del Mundo’ con el único pretexto de sacar mayor provecho financiero al Patrimonio Cultural sea en México o Perú.
En México, las zonas circundantes a las ruinas están llenas de hoteles, supermercados y de todo tipo de negocios extranjeros. Y en Lima la Defensoría del Pueblo tuvo que exigir al gobierno la protección de la Huaca Huantinamarca donde dos empresas estaban construyendo un edificio, sin que nadie diga algo.
¿En estas circunstancias podrían los cusqueños tener esperanzas que su decisión se tome en cuenta? Por supuesto que no. La naturaleza de los TLC no está basada en la preservación de los patrimonios culturales sino en la ganancia de las transnacionales que utilizarán dinero, presión y represión del Estado contra todos que predican lo nacional. El primer ministro Jorge del Castillo ya los tildó de “extremistas y falsos profetas”.
La suerte está echada y la sombra del TLC está extendiéndose sobre el Perú sin que la UNESCO diga nada en este caso. Por eso, si los cusqueños se descuidan pronto veremos un hotel Marriott con McDonald’s incluido, en pleno Machu Picchu.
Vicky.pelaez@eldiariony.com
1 comentario:
Discordancias entre arquelogía y turismo
Especialistas analizan la controversial norma y señalan sus puntos y criterios discutibles.
Ricardo Morales Gamarra y
Alfredo Narváez Vargas.
La aprobación de la controversial Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos ha generado respuestas a favor y en contra, con riesgo de politizarse por el carácter de su matriz. Nuestro enfoque pretende ser técnico.
Un primer detalle que quizá pasa inadvertido o no es relevante para muchos, gira en torno al espíritu elitista de esta norma, al definir que los "servicios turísticos factibles de ser concesionados en los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Nación", no deben ser de categoría menor a las cuatro estrellas o tenedores.
CRITERIO EXCLUYENTE
De hecho es una convocatoria ultra selectiva, que favorece solo a las grandes empresas o consorcios y es una valla insalvable para aquellas que solo pueden invertir en un eficiente servicio de tres estrellas o tres tenedores. Es más, debe advertirse que el futuro usuario de estos establecimientos, guardará directa relación con los precios que justifiquen la inversión, es decir, se están generando espacios excluyentes. Una cuestión adicional por discutir se relaciona a aquellos empresarios o lugareños, que pretenden desarrollar este tipo de servicios turísticos invirtiendo en sus propiedades, ubicadas en las áreas de amortiguamiento. Por ej. esta ley no los incluye en la "aprobación automática" de los proyectos de construcción.
Otro aspecto crucial en esta propuesta y que no admite duda, se desprende del Artículo 2º de esta Ley. Precisa que la concesión "podrá ser otorgada para ser desarrollada en inmuebles de propiedad pública" que custodia el Estado, es decir, terrenos o edificios que están dentro del área intangible, pues, el entorno adyacente al complejo arqueológico se define técnicamente como el área de amortiguamiento y esta es propiedad privada, en la cual el Estado no tiene jurisdicción, salvo el de normar el tipo de uso del suelo y de las nuevas construcciones. Entonces, ¿qué entienden los autores y defensores de esta ley por "áreas adyacentes", que las nuevas edificaciones supuestamente no van a alterar como contexto cultural o paisaje? De hecho estas se identifican como el área perimetral del sitio o complejo cultural, es decir, del límite de intangibilidad hacia adentro. Es más, ¿por qué no se incluyeron estos vocablos en el glosario de la Ley Nº 29167?, para evitar el manoseo de términos técnicos que solo han creado confusión.
TAMBIÉN OMISIONES
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Walter Alva en la tumba de Sipán.
Otro punto discutible en esta propuesta, es la "extraña" omisión de la obligada fase de prospección arqueológica previa a toda construcción en áreas arqueológicas y de amortiguamiento, más aun si se va a construir en un área intangible, que desde ya, deja de serlo. La Ley Nº 29167 presenta un glosario de términos técnicos para mejor entendimiento, sin embargo, no dice nada de esta etapa previa a toda construcción, entonces formulamos la pregunta de rigor, ¿qué sucederá cuando se encuentren estructuras arqueológicas subyacentes? Esta Ley de Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificación y etcéteras, pretende dar criterios técnicos y de procedimientos administrativos, generando un escenario favorable para el inversionista, como que el gran ausente en el otorgamiento de los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el especialista del INC. Esta potestad sería asumida por las comisiones municipales que carecen de este enfoque de experto en gestión de áreas monumentales.
De otro lado, el mensaje que la ley y sus defensores en los medios ofrece, es que si no hubiera inversionistas para restaurantes y hoteles, el patrimonio monumental carece de valor, restando importancia al esencial rol del Estado en su investigación y conservación. Asimismo, la norma entra en contraposición con los principios del turismo rural que el país ha comenzado a impulsar. Promoviendo grandes inversiones, el rol de las comunidades locales desaparecerá. El asunto ha sido tan mal manejado, que nos hace recordar a los rechazos que ha generado la minería en diversas partes del país. Este proceso puede generar inversiones en la forma de enclaves económicos, generadores de un falso "desarrollo" local.
Para evitar estas posibilidades que una economía liberal genera, debemos promover un programa permanente de capacitación de nuestras comunidades locales y municipios distritales, vecinos a los principales sitios monumentales. Que ellos sean capaces de negociar en las mejores condiciones con inversionistas "zorros" que buscarán invertir poco y generar altas ganancias. Nuestras comunidades locales deben saber que son accionistas importantes, que poseen un capital de muy alto valor, que incluye sus territorios, tradiciones, costumbres, sus recursos naturales y el paisaje que han generado a través del tiempo. Que esos activos pueden valer más que cualquier inversión monetaria, por lo tanto, los empresarios dispuestos a invertir, deberían basar sus expectativas en una alianza estratégica sana con las comunidades locales, que sus inversiones se basen en principios de certificación con sostenibilidad, que genere beneficios a las comunidades locales y desarrollen una gestión interna basada en una adecuada y justa relación con sus trabajadores.
Finalmente, es conveniente subrayar que el patrimonio cultural es propiedad de la Nación, no del Estado, de tal manera que mal se ha hecho en no consultar con los niveles técnicos y colegios profesionales competentes, manteniéndose este proceso de espaldas a su real propietario o cerrado a la opinión y sugerencias, como las que planteamos los directores de los Proyectos Arqueológicos del norte del país en el I Foro de Inversiones Turísticas de Chiclayo 2007.
EL DATO
LOS AUTORES. Ricardo Morales es director del exitoso Proyecto Huaca Rajada, en Trujillo. Alfredo Narváez Vargas dirige las investigaciones en Kuelap.
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